CÍRCULO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y SOCIALES

CIREPS

Los comunistas liberales según Slavoj Zizek


Arturo Caballero Medina

Desde esta tribuna digital, hemos sustentado la posibilidad de un liberalismo de izquierda como alternativa a la vieja izquierda radical y extremista, y a la derecha ultraconservadora, promercado y antiderechos humanos. Personalmente, considero que ninguna doctrina, ideología o teoría agota por sí sola una explicación de los fenómenos que intenta abordar; por ello, me inclino por una solución integral y más ecléctica que contemple lo mejor de cada una de las doctrinas en cuestión (o de todas aquellas que puedan aportar algo), ya que, en lo que respecta al socialismo y al liberalismo, estos tienen, en sus fundamentos iniciales, varios puntos de encuentro que podrían dar lugar a una síntesis en tiempos en los que, por un lado, luego de la caída del Muro de Berlín, del derrumbre de la Unión Soviética y del giro hacia el capitalismo salvaje dirigido por el Partido Comunista chino, y, por el otro, del actual colapso financiero mundial producto del laissez faire ultraliberal en el cual el Estado, hasta hace unos meses, no debía intervenir, tanto el socialismo como el liberalismo contemporáneo (lo llamaré en adelante neoliberalismo) deben repensar su lugar en el nuevo orden mundial.

Del socialismo se ha dicho mucho desde 1989: que ya no tiene nada más qué decir porque la Historia ha demostrado que sus postulados son inviables o que, entusiastas como Francis Fukuyama, la historia ha terminado y ha comenzado el imperio de la globalización en clave neoliberal caracterizado por un mundo unipolar en el que, en cuestión de tiempo, todos los Estados mundiales acabarán por asumir, tarde o temprano, el nuevo paradigma político, social y económico imperante, la democracia liberal, en detrimento de las utopías socialistas de principios y mediados del siglo XX.

Aquellos que desde 1989 hacia adelante saltaron sobre la tumba del socialismo posiblemente hoy están experimentando el mismo drama de aquellos izquierdistas de viejo cuño que ante la evidencia de la realidad no les queda otra opción que reacomodarse en el nuevo orden de manera que el choque no sea tan traumático. La diferencia radica en que el cargamontón que recibieron aquellos que se autodenominaban socialistas (luego de la caída del Muro de Berlín y del derrumbe del socialismo en Europa occidental muy pocos tuvieron las agallas de aceptar abiertamente que lo eran, so pena de lucir como piezas de arqueología política) no se compara al que hoy en día recae sobre los defensores del liberalismo económico global (neoliberalismo). Estos últimos tienen a su favor, aún, que el sistema financiero mundial ha resistido, aunque endeblemente, este primer embate de la crisis. Y digo primero porque, según los especialistas, todavía no es posible avizorar si ya tocamos fondo o si algo peor está por venir. También los favorece que los Estados del primer mundo agrupados en estas asociaciones numéricas tipo G8, G10, G20, APEC, ALC-UE y demás no contemplan otra salida que perpetuar el modelo económico cuyo aplicación ortodoxa y convenida en algunos países, ha ocasionado la actual crisis económica mundial. ¿Acaso alguna de estas sociedades interestatales inició una cruzada para salvar al bloque socialista de la debacle que la amenazaba? Por supuesto que no, ya que la caída del socialismo a nivel mundial allanaba el camino para la expansión global del neoliberalismo.



Sin embargo, a pesar que la tercera vía del liberalismo de izquierda se perfila como una alternativa al fracaso del socialismo y del liberalismo absolutos, un intelectual de izquierda como Slavoj Zizek es muy escéptico frente a esta extraña síntesis postmoderna y postideológica a la cual califica de tibia y cómplice de la derecha. Zizek es un radical en el mejor sentido de la palabra: no va con medias tintas y desconfía abiertamente de opciones como la tercera vía o el socioliberalismo (liberalismo de izquierda o izquierda liberal). En ¿Quién dijo totalitarismo? fustiga a la socialdemocracia europea que luego del derrumbe del socialismo se allanó completamente a la agenda de la derecha liberal al punto de ser cómplice de sus tropelías y traicionar los principios que distinguían a la izquierda de la derecha. Zizek entiende el radicalismo de una manera diferente como tradicionalmente podríamos asumirla. El radical, para Zizek, es aquel que no negocia sus convicciones según las circunstancias y que muere en su ley, pese a que el contexto no le es favorable. Zizek los llama en su libro "radicales libres". Critica a la nueva izquierda que se avergüenza de su pasado y que en aras de no lucir totalitaria, acata todos los preceptos que el imperio neoliberal impone como políticamente correctos, so pena de parecer totalitario si es que la contradice.



De otra parte, en "Los comunistas liberales de Porto Davos", Zizek enfila sus baterías contra los comunistas que asumen el liberalismo como signo de actualidad y progreso a la vez que los sindica como oportunistas que quieren ganar un poco de espacio en el mundo político. Prueba de ello sería que no tienen reparos en participar de las cumbres antiglobalización como en las cumbres del G8, G20 o similares. Estar en Porto Alegre y lanzar vivas contra la globalización no se contradice, para estos comunistas liberales, con asistir a una cumbre en la que se discute sin éxito, el presupuesto mundial para reducir las emisiones de CO2, el desarme nuclear, la transición urgente de la industria a energías renovables o la despenalización de la migración ilegal. Es decir, estar en Lima durante la ALC UE y afirmar que más importante que declarar el libre tránsito de productos sería declarar el libre tránsito de seres humanos, en virtud de una ciudadanía mundial y globalizada, no sería incompatible, para estos comunistas liberales, con participar de la directiva de retorno que dos semanas después aprobó el parlamento europeo, en la cual los países de la Unión Europea penalizaban la migración ilegal con cárcel.

Aunque Zizek lo desconozca, estos comunistas liberales a los que alude bien pueden encajar para algunos en la denominación local de "caviares" con la que ciertos medios, políticos, bloggers y comentaristas de blogs han denominado al sector político-académico que representa en nuestro país "lo políticamente correcto", es decir, la defensa de los Derechos Humanos, la importancia del Informe Final de la Comisión de la Verdad, la judicialización de casos contra militares implicados en crímenes de lesa humanidad y el reconocimiento a la sentencia condenatoria a Fujimori, entre otros aspectos. Zizek, en pocas palabras, critica el oportunismo y la frivolidad con que se abordan los asuntos político de partes de estos comunistas liberales a la europea.

Considero aceptable la crítica de Zizek en la medida que la socialdemocracia europea se ha replegado tanto que en su ánimo de lucir moderna, no radical, es decir, de desprenderse de todas las etiquetas que heredó del viejo socialismo, ha claudicado ciertos principios en aras de no perder vigencia y conservar espacios de protagonismo: la reducción progresiva del Estado de Bienestar y apoyo a las leyes antimigratorias o endurecimiento del régimen migratorio son algunos ejemplos de cómo la socialdemocracia europea, en sintonía con los sectores más conservadores y con el clamor de la opinión pública, está ignorando aquellos principios que sentaron las bases de su origen. Sin embargo, es también muy peligrosa la demanda del intelectual esloveno: invocar el radicalismo conlleva el riesgo de despertar aquellas bajas pasiones que soliviantaron el holocausto estalinista, maoísta, polpotiano y gonzalista. Por supuesta que hacer una invocación como esta en Europa no es lo mismo que hacerla en Latinoamérica o África: allá a los manifestantes que protestan contra los despidos o a los sindicatos que paran los ferrocarriles un par de días en Inglaterra o Francia no los llaman "salvajes" ni "bárbaros"; contrariamente, el gobierno y las empresas negocian y procuran llegar a un acuerdo; en cambio, por estos lares, se les acusa de ser obstáculo para el progreso y de no ser interlocutores válidos para el debate, puesto que no son "ciudadanos de primera clase".

Los comunistas liberales de Zizek no equivalen a los tan denostados "caviares" locales. De que hay frivolidad en algún sector de la intelectualidad y de la política peruana de centroizquierda, sí la hay, pero no es exclusividad de ellos, sino propio de cualquier individuo dedicado a este quehacer. Por ello, es injusta esta denominación en muchos casos porque se viene utilizando para descalificar la actuación de aquellos intelectuales y políticos que han tenido una participación decisiva en el cambio de percepción acerca de los derechos humanos (no son solo de los terroristas, sino de todos los ciudadanos), recuperación de la memoria (buscar la verdad, no ocultarla ni olvidar, para hacer verdadera justicia), señalamiento de responsabilidades (todos fuimos víctimas y no hay victimario bueno o justificado: FFAA y terroristas), reparación a las víctimas sin mezquindades por mencionar algunos temas.

El político o intelectual de coctel que asiste a los Foros Mundiales sobre la pobreza y que apoya a la vez el endurecimiento de las leyes migratorias es el verdadero caviar. De hecho, este apelativo surge en los años 60 cuando en las reuniones más distinguidas de las altas esferas de la burocracia socialista de Europa Oriental, el aperitivo más frecuente eran los huevos de esturión. De allí el término de gauche caviar para referirse a esta izquierda de refinado paladar. Tales comunistas no tienen lugar en nuestro país, primeramente porque no tenemos comunistas. (No escucho a ningún político ni siquiera a los más extremistas vociferar a los cuatro vientos que es comunista; tal vez, y eso se lo dejo a los politólogos y científicos sociales, el "comunista" ha sido reemplazado por el "nacionalista" término que recoge del primero el ímpetu radical y confrontacional y que, a la vez, atenúa todos las significaciones monstruosas que contiene el primero: la valoración de la identidad nacional puede unificar a tirios y troyanos contra un enemigo común, de ahí que el nacionalismo sea tan transversal a las ideologías políticas).

Si bien es cierto que la centroizquierda peruana hizo posible la discusión pública de ciertos temas a partir del Informe Final de la CVR y del accionar de algunas ONG's y centros de investigación, se necesita que todo ello se traduzca en acción política organizada que convoque la participación ciudadana. De lo contrario, todas aquellas buenas intenciones se quedarán en eso: intenciones. La dificultad que percibo es que el amplio espectro de la izquierda peruana es tan disperso que dudo puedan elaborar un proyecto común (Ollanta, el padre Arana, Susana Villarán y Javier Diez Canseco no caminan necesariamente por la misma vereda política); y lo otro es que percibo muy poca disposición de los nuevos cuadros políticos de la centroizquierda para involucrarse en un proyecto político; más bien los veo interesados en adherirse a plataformas más amplias o establecer alianzas estratégicas. ¿Acaso hay temor por ensuciarse un poco las manos? lo digo en el sentido de exponerse a la crítica y de "bajar al llano", no de apoyar causas nefastas.

Esperemos que la izquierda peruana, al menos aquella que ha sido autocrítica, tome conciencia de la responsabilidad que tiene frente a la sociedad y se decida de una vez por todas a deliberar con el ciudadano común y corriente. Un primer paso ha sido el IF CVR; ahora toca tomar decisiones políticas desde el Estado y limpiarse la cara un poco. Están en deuda con todos.



La libertad positiva y la libertad negativa de Isaiah Berlin



Mesa de debate sobre "Dos conceptos sobre la libertad" de Isaiah Berlin

Este artículo se presentó el día 4 de abril como parte de las lecturas del CIREPS

Henry Rivas Sucari
Crítico literario
Universidad Nacional de San Agustín.

El término “libertad” constituye un sinnúmero de definiciones e interpretaciones a través de la historia de la humanidad. Este concepto depende, principalmente, del estado de las ideas filosóficas o políticas que estén de moda o sean aceptadas por su entorno. Se ha abusado de sus posibles significados, para justificar, la mayor parte de veces, formas políticas o ideológicas.

La conferencia de Berlin sobre la “libertad” no trata de dos tipos de libertad totalmente distintas, por el contrario, a pesar de las múltiples interpretaciones que puedan darse nos daremos cuenta, a través de la lectura, que están más integradas de lo que parece.

La distinción y definición que hace Berlin entre “libertad negativa” y “libertad positiva”, no es categórica. Parte del uso del concepto de libertad de la “acción humana” y relaciona este concepto con la filosofía política.

En resumen la “Libertad negativa” será la acción de un individuo que no tenga obstrucción o interferencia (inmunidad o “libertad de”). Esta ausencia de interferencia se entiende como ausencia de intervención o coerción. La libertad negativa sería entonces la libertad de la opresión.

“La libertad positiva. El sentido positivo de la palabra libertad se deriva del deseo por parte del individuo de ser su propio dueño. (Autonomía o «libertad para»). “Quiero que mi vida y mis decisiones dependan de mí mismo, y no de fuerzas exteriores, sean éstas del tipo que sean. Quiero ser el instrumento de mí mismo y no de los actos de voluntad de otros hombres. Quiero ser sujeto y no objeto, ser movido por razones y por propósitos conscientes que son míos, y no por causas que me afectan,'. Por decirlo así, desde fuera. La libertad positiva sería entonces la libertad para desarrollar el potencial propio”.

A continuación revisaremos las ideas principales de Berlin en Dos conceptos de la libertad, a partir de sus principales argumentos. Estos se constituirán como punto de partida para algunas preguntas que deseo discutir con los miembros del CIREPS.

DOS CONCEPTOS DE LA LIBERTAD

I. La idea de la “libertad negativa”

Coaccionar a un hombre es privarle de la libertad: Libertad negativa: es la respuesta que contesta a la pregunta ¿cuál es el ámbito en que está sujeto —una persona o un grupo de personas—se le deja o se le debe dejar hacer o ser lo que es capaz de hacer o ser, sin que en ello interfieran otras personas.

Libertad positiva: Es el que está implicado en la respuesta que contesta a la pregunta de ¿Qué o quién es la causa de control o interferencia que puede determinar que alguien haga o sea una cosa u otra?
Estas dos cuestiones son diferenciales, aunque las soluciones que se den a ellas puedan coincidir en algún momento .

Normalmente se dice que soy libre en la medida en que ningún hombre ni ningún grupo de hombres interfieren en mi actitud. Actuar sin ser obstaculizado. Si mi actividad se contrae puede decirse que soy coaccionado o hasta oprimido.

La coacción implica la intervención deliberada de otros seres humanos dentro del ámbito en que yo podría actuar si no intervinieran. El término de coacción no se aplica a toda forma de incapacidad. Si yo digo que puedo saltar diez metros, o que no puedo leer porque soy ciego, o que no puedo entender las páginas más oscuras de Hegel, sería una excentricidad decir que, en estos sentidos, estoy oprimido o coaccionado. La coacción implica la intervención deliberada de otros seres humanos dentro del ámbito en que yo podría actuar si no intervinieran. Sólo se carece de libertad política si algunos seres humanos le impiden a uno conseguir un fin.

Libertarios como Locke y Mill, en Inglaterra, y Constant y Tocqueville, en Francia, presuponían que debía existir un cierto ámbito mínimo de libertad personal que no podía ser violado bajo ningún concepto, pues si tal ámbito se traspasaba, el individuo mismo se encontraría en una situación demasiado restringida, incluso para el mínimo desarrollo de sus facultades naturales, que es lo único que hace posible perseguir, e incluso concebir, los diversos fines que los hombres consideran buenos, justos o sagrados. Hay que trazar una frontera entre el ámbito de la vida privada y el de la autoridad pública. El gran problema es establecer ese límite.

¿Qué es la libertad para aquellos que no pueden usarla? Sin las condiciones adecuadas para el uso de la libertad, ¿cuál es valor de esta? Lo primero es lo primero. Como dijo un escritor radical ruso, hay situaciones en que las botas son superiores a las obras de Shakespeare; la necesidad individual no es la primera necesidad de todo el mundo. Pues la libertad es la mera ausencia de frustración de cualquier clase; esto hincharía la significación de esta palabra hasta querer decir demasiado o querer decir muy poco. El campesino egipcio necesita ropa y medicinas antes que libertad personal , y más que libertad personal, pero la mínima libertad que él necesita hoy y la mayor cantidad de la misma que puede que necesite mañana no es ninguna clase de libertad que le sea peculiar a él, sino que es idéntica a la de los profesores, artistas y millonarios.

Moral liberal: Igualdad de libertad, no tratar a los demás como yo no quisiera que me traten a mí, resarcimiento de mi deuda a los únicos que han hecho posible mi libertad, mi prosperidad y mi cultura; justicia en su sentido más simple y más universal.

Yo estoy dispuesto a sacrificar parte de mi libertad, o toda ella, para evitar que brille la desigualdad o que se extienda la miseria.

No podemos ser absolutamente libres y debemos ceder algo de nuestra libertad para preservar el resto de ella. Pero cederla toda es destruirnos a nosotros mismos. ¿Cuál debe ser, pues, este mínimo? El que un hombre no puede ceder sin ofender a la esencia de su naturaleza humana. ¿Y cual es su esencia? ¿Cuáles son las normas que ella implica? Esto ha sido, y quizá será siempre, tema de discusiones interminables.
Libertad es estar libre de, que no interfieran en mi actividad más allá de un límite, que es cambiable, pero siempre reconocible. ¿Puede justificarse la compulsión?

Para Mill sí se podía.

La concepción positiva de libertad —no el estar libre de algo, sino el ser libre para algo, para llevar una determinada forma prescrita de vida—, es que los defensores de la idea de libertad “negativa” consideran como algo que, a veces, no es mejor que el disfraz engañoso en pro de una brutal tiranía.

La libertad negativa es algo cuya amplitud es difícil de estimar en un caso determinado. A primera vista puede parecer que depende simplemente del poder que se tenga para elegir, en todo caso, entre dos posibilidades. Sin embargo, no todas las decisiones son igualmente libres. Si en un esta do totalitario yo traiciono un amigo mío bajo la amenaza de tortura, e incluso, quizá, si obro por miedo a perder mi empleo, puedo decir con razón que no obré libremente.

Algunos puntos que definen la libertad negativa son:

1. No esta disociada con la imposición de dogmas o de una disciplina férrea .Ambos elementos, libertad y autoritarismo, pueden coexistir.

2. La idea es manejada sólo a partir del Renacimiento; civilizaciones antiguas desconocen este concepto.

3. La libertad negativa puede coexistir con la autocracia y no implica necesariamente la existencia de regímenes democráticos o de autogobierno .

II. La idea de la “libertad positiva”

El sentido “positivo” de la palabra “libertad” se deriva del deseo por parte del individuo de ser su propio dueño.

“Quiero actuar, decidir, no que decidan por mí; dirigirme a mí mismo y no ser movido por la naturaleza exterior o por otros hombres como si fuera una cosa, un animal o un esclavo incapaz de representar un papel humano; es decir, concebir fines y medios propios y realizarlos.

“Mi razón es lo que me distingue como ser humano del resto del mundo”.

La concepción positiva de la libertad como autodominio con la sugerencia que lleva consigo de un hombre dividido que lucha contra sí mismo se ha prestado de hecho en la historia, en la teoría y en la práctica; a esta división de la personalidad en dos: el que tiene el control, dominante y trascendente, y el manejo empírico de deseos y pasiones que han de ser castigados o reducidos.

Las consecuencias que lleva consigo distinguir dos yos se hará incluso más claros si se consideran las dos formas más importantes que históricamente ha tomado el deseo de autodirigirse —dirigirse por el “verdadero” yo de uno mismo: la primera, la de la abnegación con el fin de conseguir la independencia; la segunda, la de la autorrealización o total identificación con un principio o ideal específico, con el fin de conseguir el propio fin.

Esto facilita que yo conciba coaccionar a otros por su propio bien , por su propio interés, y no por el mío. Entonces pretendo que yo sé lo que ellos verdaderamente necesitan mejor que lo saben ellos mismos. Cuando más, lo que esto lleva consigo es que ellos no se me opondrían si fueran racionales, tan sabios como yo, y comprendiesen sus propios intereses como yo los comprendo. Pero puedo pretender aun mucho más que esto. Puedo decir que en realidad tienden a lo que conscientemente se oponen en su estado de ignorancia porque existe en ellos una entidad oculta -su voluntad racional latente, o su fin verdadero-, que esta entidad, aunque falsamente representada por lo que manifiestamente sienten, hacen y dicen, es su verdadero yo, del que el pobre yo empírico que está en el espacio y en el tiempo puede que no sepa nada o que sepa muy poco, y que este espíritu interior es el único yo que merece que se tengan en cuenta sus deseos.

En el momento en que adopto esta manera de pensar, ya puedo ignorar los deseos reales de los hombres y de las sociedades, intimidarlos, oprimirles y torturarlos en nombre y en virtud de sus verdaderos los, con la conciencia cierta de que cualquiera que sea el verdadero fin del hombre (la felicidad, el ejercicio del deber, la sabiduría, una sociedad justa, la autorrealización) dicho fin tiene que identificarse con su libertad, la libre decisión de su verdadero yo, aunque frecuentemente esté oculto y desarticulado.

Pero la concepción positiva de la libertad como autodominio, con la sugerencia que lleva consigo de un hombre dividido que lucha contra sí mismo, se ha prestado de hecho en la historia, en la teoría y en la práctica, a esta división de la personalidad en dos: el que tiene el control dominante y trascendente y el manojo empírico de deseos y pasiones que han de ser castigados y reducidos. Este hecho histórico es el que ha tenido influencia. Esto demuestra (si es que se necesita demostración para una verdad tan evidente) que las concepciones que se tengan de la libertad se derivan directamente de las ideas que se tengan sobre lo que construye al yo, a la persona al hombre y de libertad para que signifique todo lo que quiera el manipulador.

SENTENCIA A ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI

DELITOS DE LESA HUMANIDAD, AUTORÍA MEDIATA Y PRUEBA INDICIARIA

María José Olavarría Parra
Fiorella Paredes Giacomotti

El día martes 07 de Abril del presente año, la Sala de Audiencias de la sede de la Diroes, después de 160 audiencias, dictó sentencia a Alberto Fujimori Fujimori en el proceso que se le seguía por los delitos de matanza en La Cantuta y Barrios Altos, y los secuestros del empresario Samuel Dyer Ampudia y del periodista Gustavo Gorriti Ellenbogen.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por los Vocales Supremos César San Martín, Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo condenó unánimemente a Alberto Fujimori Fujimori a 25 años de pena privativa de libertad, además del pago de indemnizaciones –reparación civil- a las deudos de las víctimas, dado que fue hallado responsable –autor mediato- de los delitos de homicidio calificado con alevosía (art. 108 inciso 3 del Código Penal), por las matanzas de los Barrios Altos y La Cantuta, y de secuestro agravado bajo circunstancia agravante de trato cruel (art. 152 último párrafo del Código Penal), por las detenciones del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer. La Sala determinó que estos delitos constituyen crímenes de lesa humanidad. Posteriormente se desarrollará qué implica ser delito de lesa humanidad. La resolución, se caracteriza por su estilo narrativo y por ser comprensible para cualquier ciudadano. Contiene 714 páginas y explica detalladamente la autoría mediata y el uso de indicios o pruebas indirectas que fueron tomados en cuenta por los Magistrados, para consolidar la responsabilidad penal del acusado Alberto Fujimori Fujimori.

Delitos de lesa humanidad

Los delitos de lesa humanidad se refieren a actos determinados de violencia contra ‘cualquier persona’. Dichos actos son consecuencia de persecución contra un grupo identificable o personas indistintamente de la composición de ese grupo.

La doctrina menciona que los delitos de lesa humanidad, son desarrollados desde hace algunos siglos; sin embargo, tomó relevancia en el siglo XX donde se desarrollaron muchos actos de violencia, especialmente en la primera y segunda guerra mundial. El Estatuto de Roma codificó la norma consuetudinaria de Derecho Internacional que ya se había dado desde el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. El art. 29 de aquel Estatuto establece que los delitos internacionales son imprescriptibles. Por tanto, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles aun si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos. Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

El Artículo 7° de El Estatuto de la Corte Penal Internacional regula los crímenes de lesa humanidad ( Crimes against humanity – Verbrechen gegen die Menschlichkeit). Este cuerpo normativo los distingue de los delitos ordinarios de la siguiente manera:

1. Tienen que haber sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático.
2. Tienen que ir dirigidos contra una población civil.
3. Tienen que haberse cometido de conformidad con la política de un Estado o de una organización.

En este tipo penal, el bien jurídico protegido es la Paz global y la seguridad internacional. Es así que “los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal internacional son fundamentalmente de carácter supraindividual, colectivos o complejos, a saber, la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad (párrafo 3 del Preámbulo del ECPI), de modo que un ataque contra estos bienes jurídicos afecta a la comunidad internacional en su conjunto.”[1]

Ahora bien, en los casos de Cantuta y Barrios Altos, no sólo constituyen delitos ordinarios, sino delitos de lesa humanidad, debido a que dichos atentados contra la vida configuran violaciones a los derechos humanos al haber sido ejecutados por parte del Estado[2] y se cometieron como un ataque sistemático que, en este caso específico, se trataba de la persecución de presuntos terroristas o revolucionarios que se encontraban en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta, y en los solares de Barrios Altos.

Por otro lado, encontramos que en el Estatuto de Roma se señalan los crímenes que pueden considerarse como delitos de lesa humanidad y entre ellos se encuentra el Asesinato como homicidio intencionado.

Autoría mediata

El Tribunal basó su resolución de culpabilidad de Fujimori en la teoría de la autoría mediata, según la cual las dos matanzas y los dos secuestros evaluados en este juicio respondían a una política de Estado diseñada por Alberto Fujimori Fujimori, la cual fue ejecutada por el SIN (Servicio de Inteligencia Nacional) y el SMN

La autoría mediata, comúnmente nombrada como autoría intelectual, está tipificada en el artículo 23 del Código Penal Peruano,

Esta teoría fue principalmente desarrollada por el maestro Claus Roxin. “La autoría mediata se caracteriza como “dominio de la voluntad”: alguien realiza un tipo penal, pero no de propia mano, sino mediante otra persona que le sirve a estos fines, que no puede oponer resistencia a la voluntad dominante del hecho del otro y, por lo tanto, es designada como “herramienta” en manos de éste.” [3]

Claus Roxin señala que existen tres formas estructuralmente fundamentales de realización de un tipo mediante otra persona que actúa como instrumento. La tercera forma de ejecución del tipo que no es de propia mano, considera Roxin, en la que designa como “dominio de la voluntad mediante un aparato de poder organizado”[4]

Los componentes necesarios para la autoría mediata son el instrumento, siendo éste el objeto natural o producto del artificio humano utilizado para conseguir un fin específico; el control, el autor mediato tiene el control de la voluntad y el instrumento el dominio o control de la acción. Y, finalmente el resultado que es la producción de riesgo jurídicamente relevante para la lesión del bien jurídico.

“La autoría mediata surge cuando un sujeto realiza el tipo de autoría penal utilizando o sirviéndose de otra persona como instrumento. La propia estructura de la autoría mediata presupone necesariamente la intervención de dos personas como mínimo. Por un lado, aparece el “hombre de detrás” o “persona de detrás”, que es quien realiza el hecho a través de otro, sin tomar parte en su ejecución material. Por el otro lado, está el que ejecuta inmediatamente el hecho, al que se conoce como instrumento humano, intermediario o, simplemente, “hombre de adelante”.”[5]

En el caso presente, Fujimori sería el autor mediato que actúa a través del Grupo Colina quienes son los autores inmediatos.

Así, Montoya Vivanco[6], citando a Roxin, explica que existen características para la autoría mediata:


- La existencia de un aparato de poder organizado. Este aparato se caracteriza por tener una estructura jerárquica, con numerosa cantidad de miembros y funcionamiento casi automático, lo que hace que no sea decisiva la persona individual que actúa.
- Control de los ejecutores a través de dicho aparato por parte del hombre de atrás. Lo peculiar de la tesis es que ambos son responsables penalmente: el hombre de atrás y el hombre de adelante.
- Intercambiabilidad, sustituibilidad o fungibilidad de los ejecutores u hombres de adelante. El ejecutor es una pieza intercambiable dentro del engranaje del aparato de poder de tal manera que la figura central del suceso, a pesar de su lejanía de la víctima, es el hombre de atrás. Éste es el fundamento del dominio del hecho en los casos en los que no concurre un defecto del hombre de adelante (error, inimlputabilidad u otro déficit) de acuerdo con Roxin.
- Debe tratarse de un aparto desvinculado del Derecho. En ese sentido, la tesis de Roxin alcanza de manera restringida a los aparatos estatales desvinculados del ordenamiento jurídico y a las organizaciones criminales como las terroristas.”

Para la imputación de la autoría mediata, explica la doctrina, tienen que presentarse dos fundamentos: “En primer lugar, que en esta organización criminal exista una férrea jerarquía, en cuya virtud, quien recibe una orden difícilmente va a cuestionarla porque viene de un superior. (…)
En segundo lugar, que el autor mediato aproveche la predisposición de los miembros de esta organización para ejecutar órdenes ilícitas”[7]


Se puede apreciar de lo antes dicho que en el caso Fujimori, se cumplen los dos presupuestos ya que Fujimori tuvo conocimiento sobre el Grupo Colina y también ejercía poder sobre ellos. Además, el Grupo Colina era un grupo clandestino y fue creado para cometer delitos así que no tenía ningún inconveniente en cumplir con las órdenes de Fujimori.

Cabe resaltar que la autoría mediata tiene un límite: no existe autoría mediata en la utilización de objetos o animales para la realización de delitos; en todos estos casos quien utiliza o dispone causalmente de los mismos para lesionar bienes jurídicos responde a título de autor directo o inmediato. No obstante, este límite no es necesario aplicarlo en el caso del proceso de Alberto Fujimori

Valoración de las pruebas. Prueba indiciaria

Cabe mencionar, que los Magistrados dictaron un fallo acorde con la valoración de las pruebas presentadas en el proceso, y en todo momento respetaron los derechos de las partes. El Tribunal fue imparcial a lo largo del proceso, existiendo un debido proceso.

Las características de este tipo de prueba las podemos encontrar en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la República de fecha 31 de agosto de 2005 en el que se señala lo siguiente: “Lo característico de esta prueba es que su objeto no es directamente el hecho constitutivo del delito, tal y como está regulado en la ley penal, sino otro hecho intermedio que permite llegar al primero por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente entre los hecho probado y los que se tratan de probar; que, respecto al indicio, (a) este – hecho base – ha de estar plenamente probado – por los diversos medios de, prueba que autoriza la ley -, pues de los contrario sería una mera sospecha sin sustento real alguno, (b) que sean plurales, o excepcionalmente únicos pero de una fuerza acreditativa, (c) que sean concomitantes al hecho que se trata de probar los indicios deben ser periféricos respecto al dato fáctico a probar, y desde luego no todos lo son, y (d) que estén interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia – no sólo se trata de suministrar indicios, no que estén imbricados entre sí.” (Considerando Décimo Tercero)[8]

Otros alcances sobre la sentencia

Al terminar la lectura de la sentencia, Alberto Fujimori interpuso Recurso de Nulidad, recurriendo de esta manera al principio de doble instancia. Cabe mencionar que el Recurso de Nulidad es uno de los medios impugnatorios que la ley contempla. Se encuentra previsto en el artículo 289° del Código de Procedimientos Penales y regulado en el mismo cuerpo normativo en el Título V del Libro III. En este caso, la Corte Suprema conocerá los aspectos de forma y de fondo referidos a la decisión impugnada. Es así que existe la posibilidad que reexaminen las pruebas actuadas. La finalidad del recurso de Nulidad es la rebaja de la pena o la absolución de los cargos o la anulación de todo el proceso o la confirmación de la recurrida. Sin embargo, cabe resaltar que nuestro ordenamiento contempla el principio no reformatio in peius; esto quiere decir que no puede agravarse la situación del impugnante.

Los beneficios penitenciarios y un posible indulto que podría recibir el sentenciado, serán vistos cuando haya concluido el proceso. No obstante, cabe mencionar que, ningún Presidente del Perú podría indultarlo, pues sería ir contra el Pacto de San José de Costa Rica, el cual señala que los delitos de lesa humanidad no conllevan a un indulto. Si algún futuro Presidente de la República pretende indultar a Alberto Fujimori Fujimori, tendría primero que retirarse de dicho Tratado Internacional al cual el Perú está adscrito.

Alberto Fujimori Fujimori es el primer ex mandatario de América Latina sentenciado por un Tribunal local por crímenes de lesa humanidad. El caso es un ejemplo en la lucha contra la impunidad y el fallo es histórico para el Perú y para el mundo.

[1] BENAVENTE CHORRES, Hesbert. AYLAS ORTIZ, Renato. BENAVENTE CHORRES, Saby. “Aplicación de los principios del Derecho Penal Internacional para los Casos Barrios Altos y la Cantuta” en Revista Jurídica del Perú, N° 83, Enero 2008, pp. 257 y ss
[2] Los autores antes citados indican al respecto de la afectación al derecho a la vida por parte del Estado lo siguiente: “El comité (Comité de Derechos Humanos, creado por el Pacto Internacional de Derechos Civil y Políticos de Naciones Unidas) considera que los Estados parte deben tomar medidas no solo para prevenir y castigar la privación de la vida causada por actos criminales, sino también para prevenir los homicidios arbitrarios cometidos por sus propias fuerzas de seguridad.”
[3] ROXIN, Claus. “Sobre la Autoría y Participación en el Derecho Penal” en Derecho Penal. Parte General. Materiales de Enseñanza - Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ed. Grijley, pp. 483
[4] ROXIN. Ob. cit. Pg. 484
[5] BENAVENTE. Ob. cit. Pg. 261
[6] MONTOYA VIVANCO, Yvan. “La autoría mediata por dominio de organización” en Revista Jurídica del Perú. N° 84, Febrero 2008, pp. 298 y ss.
[7] BENAVENTE. Op. cit. Pg. 262
[8] R.N. N° 1914-2003 PUNO. (Procesados: Rosa Elvira Corsta Luque y otro. Agraviado: Luis Azaña Soto. Delitos: Homicidio con gran crueldad y alevosía. 31 de agosto de 2005)

Bagua: todos somos víctimas

Arturo Caballero

A casi una semana de la masacre ocurrida en Bagua, la opinión pública recién va comprendiendo la dimensión de esta tragedia. Y es que en nuestro país tiene que morir mucha gente y de manera absurda y cruel para que nos sintamos condolidos, al menos en parte, por el sufrimiento ajeno. No basta que un puente intransitable se derrumbe al paso de un grupo de escolares, que un bus de transporte interprovincial se incendie y mueran calcinados todos los pasajeros, que semanalmente contemplemos atónitos que muchas personas mueren absurdamente en accidentes de tránsito y que las autopistas se tiñan de sangre, de todas las sangres, sino que tenemos que contemplar cuerpos mutilados, torturados y otros tantos regados en el pavimento como si se tratara de animales. El sufrimiento de los deudos no distingue lengua, etnia o clase social: así lo atestiguan el drama de las madres de los nativos muertos durante la refriega en Bagua y de los familiares de los policías asesinados. Todo ello ante la incompetencia de este gobierno cuya clase política, como en muchas otras oportunidades y tal vez peor que nunca, no está a la altura de su investidura. Sobre todo el Presidente de la República, Alan García.

Y es que todos somos víctimas en esta tragedia. Los pobladores de la Amazonía lo fueron de la incompetencia y el abuso de este gobierno respecto al manejo de los conflictos sociales. "Nativos, indígenas, chunchos, salvajes..." así los llamamos desde la metrópoli limeña, tan cultivada, aséptica y civilizada cuando se trata de valorar todo aquello que se encuentra fuera de sus límites. Tuvieron que pasar más de cincuenta días para que los reclamos de la población amazónica, directamente involucrada e ignorada por los decretos legislativos promulgados por el Congreso, recibieran la atención de los medios de comunicación, la opinión pública y el Ejecutivo. Tuvieron que morir salvajemente asesinados más de 20 policías y aún un número indeterminado de manifestantes para que el país prestara atención a lo que acontecía en aquel rincón olvidado donde habitan, según el presidente García, ciudadanos que no son de primera clase. Tanto el Congreso como el Ejecutivo dilataron irresponsablemente la solución de un conflicto anunciado. Importó más para ellos asegurar la imposición de una ley, a todas luces, incompatible con el derecho internacional que salvaguarda la propiedad de las comunidades nativas respecto a las tierras que ocupan. Fue más importante para Alan García y sus ministros derribar cualquier tipo de resistencia social ante una medida que no fue explicada satisfactoriamente a los pobladores directamente afectados, ello bajo una malentendida concepción del principio de autoridad.

Por otra parte, la policía fue víctima de la improvisación de sus mandos superiores (sobre todo políticos) quienes los expusieron al igual que en Pómac y en Vizcatán sin ningún tipo de resguardo. Y son víctimas cotidianas del desprecio de sus superiores, es decir, de los mandos políticos que recurren a ellos para que resuelvan por la fuerza aquello que son incapaces de resolver por la razón. Desprecio que se manifiesta también en la remuneración vergonzosa que recibe un policía quien tiene que ofrecerse como vigilante de establecimientos particulares para procurarse un ingreso digno o costear el gasto de un nuevo uniforme para lucir presentable durante las cumbres internacionales o en el hecho de que quienes se llenan la boca afirmando que defienden a la policía brillen por su ausencia durante los sepelios de los policías asesinados. A Mercedes Cabanillas, Mercedes Aráoz, Rosario Fernández, Antero Florez y Alan García (no menciono a Yeude Simon porque, simplemente, no existe) - al oficialismo aprofujimontesinista de derecha en general- la muerte de los policías es tan o más rentable que dialogar y prever la violencia: ¿qué hicieron para detener la masacre de los policías una vez enterados de que estaban secuestrados?

¿Y quiénes son los victimarios? La indiferencia de un enorme sector de la sociedad que mira hacia otro lado cuando la violencia no toca a su puerta, al igual que durante el terrorismo. Luego de Tarata, el terrorismo dejó de ser un problema que amenazaba a la pobre gente de la sierra o a los estudiantes de universidades públicas para convertirse en un problema que requería de una respuesta inmediata y ejemplar. Y ahí tuvimos, pues, La Cantuta. Ni el Informe Final de la CVR ni Putis ni Los Cabitos ni Huancasancos ni Accomarca ni Barrios Altos ni 20 años de violencia terrorista del Sendero Luminoso y del MRTA y del Estado han logrado sensibilizar a la mayor parte de la opinión pública sobre lo que significa ser testigo indolente del dolor ajeno. ¿Si todo ello no fue suficiente, qué lo será realmente? ¿El descubrimiento de fosas comunes en Bagua o de cadáveres calcinados o envueltos en sacos y arrojados de los helicópteros?Del mismo modo actuaron -y lo vienen haciendo aún- los medios alineados con el gobierno que de manera cómplice y vergonzante ignoraron, ocultaron y minimizaron durante más de un mes lo que sucedía en la selva. Fabrican realidades y maquillan el horror de esta desgracia o la exhiben descarnadamente no con ánimo de denuncia sino de un regodeo comercial e infame.

Sabemos más acerca de Bagua por intermedio de agencias internacionales que por nuestras propias fuentes. Expreso, La Razón y Correo seguirán exigiendo que se aplaque por la fuerza las manifestaciones en el interior del país argumentando que lo contrario, es decir negociar, dialogar o rectificar sería una muestra de debilidad. Y a nuestro presidente le fascina demostrar que él es quien manda. Quedó muy claro en la matanza de El Frontón y en la guerra sucia contra Vargas Llosa en el 90. Ivcher precavido como el que menos, olvidó muy pronto que el fujimorismo lo persiguió y lo despojó de su canal; ahora no duda en blindarse con Lúcar (el que acusó a Paniagua de recibir dinero de Montesinos), Aldo Mariátegui (quien considera que capacidad intelectual se corresponde con el manejo de una lengua), Jaime Bayly (el que indultaría a Fujimori) y Mónica Delta (la periodista que nunca opinó y que se tragó el sapo de su jefe Schütz), todos ellos sicarios mediáticos dispuestos a lavar los trapos sucios de este régimen.

Los etnooportunistas y nacionalistas también aportaron su cuota de violencia. Actuaron irresponsablemente y quieren sacar provecho ahora. Azuzaron a los pobladores y encendieron los ánimos. Lejos de explicar los alcances y las limitaciones de los decretos, se prestaron al juego fácil de la revolución. Vieron en Pizango a un potencial Evo Morales, seguramente, o tal vez Pizango se vio a sí mismo en el espejo del presidente boliviano. Fueron los tontos útiles que sirven de coartada a la triple alianza aprofujiderechista que los necesita para convencer al país de que existe algo peor que García, Keiko y Lourdes juntos.

Sin embargo, el gran victimario es Alan García. La patada al orate fue el gran anticipo de lo que tenía preparado ante cualquier obstáculo, grande o pequeño, que le saltara al frente. Después de calificar de comechados y sinvergüenzas a los maestros, en "el perro del hortelano" nos advirtió lo que pretendía hacer con los recursos naturales: por la razón o por la fuerza había que ponerlos en valor y todo aquel que apelara a la conservación del medio ambiente u objetara la llegada de la modernidad a aquellas localidades, alegando que podría dañar la integridad de las comunidades, era un retrógrado. Luego exhortó a los empresarios a que inviertan sin temor porque un presidente podía impedir que llegue al poder alguien que no es de su agrado (lo cual ya había sido demostrado). Hoy, sin ningún empacho, dice que los pobladores de la selva no son ciudadanos de primera clase que puedan decidir qué hacer con las tierras que poseen.

Durante el "Arequipazo", el APRA apoyó abiertamente la protesta contra la privatización de EGASA y EGESUR y promovió la vacancia presidencial de Alejandro Toledo. Al final, obtuvieron la cabeza de Fernando Rospligiosi. Ahora, ni siquiera contemplan la posibilidad de defenestrar a Mercedes Cabanillas (no todos en el gabinete tienen la decencia de la ex ministra de la Mujer). Como siempre, los compañeros preferirán tragarse los sapos que les manda su líder -Mantilla sabe mucho de esto- en lugar de discrepar abiertamente.

A García y el aprofujiderechismo esta masacre les va explotar en la cara el 2011. Si el Perú se suma a la órbita chavista, se lo deberemos a ellos.

Breve apunte sobre la discriminación

Arturo Caballero Medina

Discriminación es el acto de hacer una distinción o segregación que atenta contra la igualdad de oportunidades. Normalmente, se utiliza para referirse a la violación de la igualdad de los derechos para los individuos por cuestión social, racial, religiosa, por género. Tomando una parte del artículo 1º de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, se definiría como: «La distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos varios (sexo, raza, religión, condición social...) cuyo propósito o resultado sea anular o disminuir el reconocimiento, preferencia o ejercicio, en iguales condiciones, de los derechos humanos y libertades fundamentales en la política, la economía, la sociedad, la cultura o cualquier otra esfera de la vida pública.»

Existen dos tipos básicos de discriminación: la positiva y la negativa. La discriminación positiva consiste en favorecer a un grupo de individuos de acuerdo a sus características o circunstancias sin perjudicar de ninguna manera a otro. El objetivo es, en este caso, disminuir los efectos de una situación de desigualdad para nivelar a los discriminados respecto a aquellos que disfrutan de mayores ventajas. Por ejemplo, en algunos países de Europa, está normado que un número determinado de mujeres ocupen cargos públicos. Lo mismo ocurre en algunos países de América Latina, como Honduras, Guatemala y El Salvador, con las minorías indígenas. La discriminación negativa consiste en excluir a un sector social sobre la base de ciertos prejuicios que se entienden como válidos para justificar la discriminación. A diferencia de la primera, la discriminación negativa perjudica, deliberadamente, a un grupo. Esto se evidenció durante los años 60, estaba prohibido que un ciudadano de raza negra ocupe los primeros asientos de un autobús o que niños de raza negra acudan a escuelas de blancos.

Una de las manifestaciones de discriminación más común es la racial. Esta presupone que existen razas superiores a otras y, por ende, también culturas superiores a otras, lo cual se sustenta en prejuicios que carecen de toda validez científica y que, en realidad, buscan reforzar el poder de quienes realizan la discriminación. Por ejemplo, el antisemitismo, actitud discriminatoria contra los judíos, alcanzó niveles dramáticos durante la Segunda Guerra Mundial en Europa. Adolf Hitler desarrolló toda una maquinaria sistematizada para eliminar a la población judía mediante métodos absolutamente condenables, tales como cámaras de gas, trabajos forzados, ajusticiamientos selectivos y reclusión forzada en campos de concentración.

Otra de las más extendidas es la discriminación por género. Esta consiste en privilegiar los roles de un sexo en perjuicio del otro, lo cual puede suceder en diferentes ámbitos como el laboral o el académico. A pesar de que Japón ha experimentado una modernización tecnológica muy notable, es frecuente en ese país que un hombre y una mujer que realizan el mismo trabajo dentro de una empresa perciban remuneraciones diferentes, lo que se refleja en salarios más bajos para las mujeres. Sin embargo, en los últimos años, esta situación ha ido cambiando progresivamente en todo el mundo, pero subsiste en algunas sociedades más que en otras, sobre todo en las conservadoras.

En suma, la discriminación es un concepto muy amplio, ya que posee diversas manifestaciones sociales. Aunque cada manifestación tiene características peculiares, todas coinciden en que se excluye a un individuo o grupo social sobre la base de prejuicios revestidos de veracidad. Esto se agrava al perjudicar la dignidad humana, puesto que atenta contra sus derechos fundamentales, entre ellos, la igualdad ante la ley, principio fundamental de las democracias liberales modernas

Sentencia condenatoria a Alberto Fujimori

CÍRCULO DE ESTUDIOS POLÍTICO-SOCIALES
PRONUNCIAMIENTO


SOBRE LA SENTENCIA CONDENATORIA AL EX PRESIDENTE
ALBERTO FUJIMORI

Los integrantes del Círculo de Estudios Político Sociales, CIREPS, manifestamos nuestro apoyo a la sentencia condenatoria a Alberto Fujimori. El fallo emitido por el tribunal, que tuvo a su cargo el juzgamiento del ex presidente, sienta un precedente histórico en nuestro país y en el mundo entero que contribuirá a esclarecer los nefastos acontecimientos que tuvieron lugar en nuestro país durante las décadas de 1990 al 2000.

Se trata de una sentencia ejemplar tanto por la probidad de los jueces que conformaron el tribunal como por las implicancias que aquella conlleva, debido a que se constituye en un instrumento para extender la aplicación de la justicia a todos aquellos que ejercieron el poder a espaldas del Estado de Derecho en los años previos a 1990. Al respecto, tenemos la convicción de que la responsabilidad no solo implica a los autores materiales de un crimen o delito, sino que detrás de los ejecutores suele existir un aparato siniestro que sostiene, defiende y oculta la verdad de los hechos.

Asimismo, no debemos olvidar que la omisión, la indiferencia y el apoyo de un gran sector de la sociedad peruana contribuyeron a que las instituciones democráticas fueran vulneradas en aras de los resultados inmediatos. Igualmente, la clase política que tuvo a su cargo la conducción del Estado entre 1980 y 2000 es responsable de la ruptura del orden democrático —tanto en las zonas declaradas en emergencia, debido al conflicto armado interno como en el autogolpe del 5 de abril— ya que no pudo articular una propuesta que persuada a la población acerca de la gravedad de avalar una dictadura y tampoco manifestó interés por defender los derechos de los más desposeídos, quienes, finalmente, fueron los más afectados por la violencia, ni por impulsar un real compromiso por investigar los delitos de corrupción y crímenes de lesa humanidad que nvolucraron a los gobiernos de Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori. Lo anterior explica por la crisis de los partidos políticos, entendida como crisis de representación y crisis de legitimidad, y por la ausencia de relaciones cívico-militares, es decir, que los asuntos de política de Estados se endilgó irresponsablemente a las Fuerzas Armadas. Por ello, la importancia de la sentencia condenatoria a 25 años de cárcel contra el ex presidente Fujimori abre una oportunidad histórica para que la clase política salde su deuda con el pasado.

La sentencia contra Fujimori no reparará el daño ocasionado a los familiares de las víctimas, pero brinda la satisfacción de que, al final, no se encontraron solos en la lucha por descubrir la verdad y por hacer justicia sin importar quién fuera el acusado. Sin embargo, es lamentable atestiguar que quienes solventan la inocencia del sentenciado, lejos de recurrir a la prudencia o de argumentar razones a favor de su causa, continúan maltratando la memoria de los deudos a cuyas víctimas, a pesar de las evidencias a su favor, califican de terroristas como si esto fuera un atenuante que exculpara la responsabilidad del sentenciado Fujimori.

Nos encontramos próximos a una nueva campaña electoral que estará animada por este y otros sucesos. Además, flota en el ambiente la amenaza de un posible indulto de parte de este o de un eventual gobierno fujimorista, lo cual significaría un retroceso irreparable y vergonzoso con el que los ciudadanos que creemos en la democracia y en sus instituciones no podemos estar de acuerdo de ninguna forma. Confiamos, plenamente, en que el tribunal que tiene a su cargo la apelación de la sentencia ratifique el fallo en atención a la razón, la justicia y la verdad que le asisten a los deudos de las víctimas de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta y a una nación que anhela el progreso sin perjuicio de la dignidad.

GUSTAVO ALCEDO

ARTURO CABALLERO MEDINA

ALESSANDRO CAVIGLIA MARCONI

GONZALO GAMIO GEHRI

FIORELA GIACOMOTTI

MARÍA JOSÉ OLAVARRÍA

HENRY RIVAS SUCARI

PATRICIA STOCKTON BALLARDO

SHINDIRA TRILLO

EDWIN ZARCO NIEVA

JORGE SEVILLA

La izquierda según Nicolás Lynch

Comentario a ¿Qué es ser de izquierda? de Nicolás Lynch

Por Alessandro Caviglia Marconi.

El texto presenta una infinidad de aspectos, entre los que elegiré algunos, los que me parecen más resaltantes a fin de dilucidar qué es el “socialismo democrático”. Con ello anuncio desde ya que no seguiré la secuencia del libro y que buscaré precisar lo que es el “socialismo democrático” a) en contraposición con las otras posiciones políticas, ya de izquierda, ya de derecha, y b) dando cuenta de sus aspectos programáticos.

1) El “socialismo democrático” dentro de las cuatro tendencias políticas.

El “socialismo democrático” surge en el Perú a raíz de dos fenómenos históricos: a) la caída del Muro de Berlín y b) SL y el MRTA; y tiene como adversarios políticos a la izquierda maxista-leninista (que es antidemocrática), a la derecha antidemocrática y a la derecha democrática. Diríamos que en el espectro político se encuentran: a los extremos la izquierda y la derecha antidemocrática, y en el centro la izquierda y la derecha democrática.

Lo que caracteriza a las dos tendencias antidemocráticas es el autoritatismo. La izquierda marxista-leninista propone a) una política revolucionaria por medio de la violencia, b) originariamente sugiere la “dictadura del proletariado” y luego la dictadura del partido comunista (que sería el representante político del proletariado), c) la eliminación de las libertades democráticas básicas, d) el no compromiso con los Derechos Humanos y e) la eliminación de la propiedad privada y, por ende, del sistema del libremercado.

La derecha antidemocrática propone a) llegar al poder por medio de golpes de estado militares o cívico-militares, b) instaurar un régimen dictatorial, c) eliminar las libertades las libertades democráticas básicas, d) el no compromiso con los Derechos Humanos, e) el fomento del libremercado y de una política neoliberal (con la consiguiente defensa a ultranza de la propiedad privada de las minorías más pudientes), f) garantizar la seguridad y la estabilidad del país (por ejemplo, el combate contra el terrorismo).

Las tendencias políticas de centro se caracterizan por ser democráticas, es decir a) defender una Constitución democrática (el Estado Democrático de Derecho) y b) estar comprometidas con los Derechos Humanos, c) considerar que el mercado es el mejor distribuidor de recursos.

Ahora bien, el texto no precisa suficientemente cuáles son las distinciones entre ambas tendencias de centro, aunque el lector puede aventurar que lo temas de la prioridad y la interpretación de la justicia social, junto con el trato al mercado (si es que hay que establecer regulaciones y de qué naturaleza) marcarán la diferencia. Pero el hecho de que esta distinción no quede precisada por completo puede ser indicio de una veta de reflexión sobre los conceptos políticos que queda por explorar.

2) Las dos izquierdas

Una distinción importante entre la izquierda autoritaria (marxista-leninista) y la democrática (el socialismo) la constituye la alternativa “revolución” o “reforma”. La izquierda autoritaria se propone a la vez destruir el Estado vigente y reemplazar la Constitución. Los agentes de la revolución serán el partido comunista y sus bases revolucionarias, con lo cual las reformas se hacen “desde arriba”. Esto trae como consecuencia política el que se cancela el sistema de partidos y se instaura el Partido Comunista como Partido Único.

En cambio, la izquierda democrática propone al aceptación del Estado y la Constitución vigentes (por ser democráticos ambos), y su lucha política consiste en ir introduciendo paulatinamente las reformas necesarias por medio de las vías establecidas por la democracia vigente. Los agentes de la reforma serán todos los actores de la sociedad civil, con lo cual las reformas se hacen “desde abajo”. Esto trae como consecuencia para el sistemas de partidos el que se mantiene el sistema de partidos (en el cual cada uno expresa una tendencia) y la meta del partido socialista democrático no es eternizarse en el gobierno, sino cumplir un rol de oposición constructiva y democrática cuando no es gobierno.

Esto último implica que el partido socialista tiene una vocación pluralista en tres sentidos: a) apuesta por un sistema de partidos políticos plural, b) en tanto que partido aglutina un conjunto de fuerzas progresistas (cristianos, socialistas, etc) que están comprometido con las libertades democráticas y con la primacía de la justicia social (distributiva). Finalmente c), el partido socialista, al entender que la política reformista no debe hacerse desde arriba (como en el caso de la socialdemocracia), sino desde la sociedad civil, se encuentra comprometida con la pluralidad que ésta representa.

Una cosa adicional sobre la sociedad civil. El análisis político propuesto señala que la democracia que tenía como eje la concurrencia de los partidos políticos se encuentra actualmente en crisis, pues los partidos se han convertido en la década de los 80 en representantes de intereses de élites y no cuentan con la posibilidad de representar a todos los ciudadano. Es por ello que la izquierda democrática apuesta más por la sociedad civil que por el sistema de partidos, al que perciben como desgastado.

Finalmente, en su contraposición al marxismo-leninismo, el socialismo democrático muestra una valoración de Mariátegui pues encuentra en él una lucha constante por tener una izquierda alternativa a la expresada por el m-l dominante entonces. Esta izquierda alternativa supone una valoración del campesino (que en cierto modo puede expresar una valoración por las culturas oprimidas) y la necesidad de adaptar el pensamiento de la izquierda a la realidad peruana (siguiendo los pasos de Gramsci en Italia).

3) Los aspectos programáticos del socialismo democrático.

El proyecto del socialismo se entiende como un proyecto emancipador. Se trata de liberar, por medio de la política reformista, a las personas de diferentes tipos de dominación social: de clase, de raza, de género y de procedencia regional. El proyecto, en el fondo, consiste en realizar las promesas que surgen en la revolución francesa: la de una sociedad de seres humanos libres, iguales y solidarios.

Para lograr tal objetivo el S.D. se propone realizar una democratización social. Ésta consiste en disolver los mecanismos de dominación y desigualdad que atraviesan a la sociedad civil por medio de una política que potencie el poder de los mismos integrantes de la sociedad civil, fomentando los procesos de organización social. La democratización está inspirada por una lucha por la igualdad. La igualdad está entendida en dos sentidos: igualdad política y social. La igualdad política implica la igualdad en derechos ante el Estado (es decir, la disolución de las prerrogativas aristocráticas u oligárquicas). La igualdad social contiene dos elementos: de una parte, una lucha contra la discriminación de raza, étnica, de género y de procedencia regional (y, obviamente, el combate de las dominaciones que se permiten esas discriminaciones); de otra parte, la igualdad social incluye en componente de la desigualdad económica. Como la oposición plena a la desigualdad económica entra en conflicto con la valoración del mercado como el mejor medio de distribución de los bienes económicos, esta lucha contra la desigualdad es parcial: se trata de establecer las política que permitiendo el funcionamiento del mercado lo regulen en sentido que garantice que nadie se encuentre por debajo de los límites aceptables respecto al acceso a bienes básicos. Esta regulación se realiza por medio de una carga impositiva adecuada que permita el desarrollo de la política social del Estado. Esto es lo que se denomina una “economía social de mercado”.

Puesto que la discriminación racial y étnica es algo de lo que hemos de emanciparnos el socialismo democrático propone la construcción de un país pluricultural y multilingüe, es decir, la consolidación de una democracia en la que se respete la diversidad cultural y lingüística.
A fin de combatir la discriminación por razones de regionalismo, se propone la descentralización del país. Esto supone que los mecanismos de gobierno regionales permitan que el ejercicio del poder se desarrolle desde abajo. Esto va directamente vinculado a potencial la capacidad de control político de parte de la sociedad civil.

Dos aspectos adicionales son la pacificación y la globalización. La pacificación implica dos cosas al mismo tiempo: en un nivel más inmediato, se trata de terminar victoriosamente la lucha contra el terrorismo con los recursos de las fuerzas del orden democráticas. En un nivel más amplio, la pacificación supone un cambio en el modo dominante de hacer política en el Perú. Ese modo dominante es haciendo uno del medio violento de la confrontación política (ya Flores Galindo nos instruyó lo suficiente al respecto). La pacificación implica pasar a implementar mecanismos de construcción de consensos como modos de hacer política en el país.

4) Algunos puntos controversiales de la propuesta.

a) La identificación entre el proyecto revolucionario y la violencia.
b) El recurso al mestizaje para analizar la pluralidad cultural y lingüística.
c) La no clarificación de la distinción entre derechos individuales y colectivos.

La violencia institucional de la sociedad peruana

La tradición autoritaria.
Violencia y autoritarismo en el Perú


APRODEH / SUR. Lima, 1999
Alberto Flores Galindo
Por Arturo Caballero Medina
La tradición autoritaria es un ensayo de interpretación que propone un diálogo y, a la vez, una discusión basada en una visión particular del autor sobre las relaciones entre Estado y sociedad, entre la política y la vida cotidiana; es decir, busca establecer a decir del autor, “conexiones de sentido” entre estos aspectos. El ensayo le permite al autor desplegar su postura mediante un vuelo mucho más libre de lo que podría ocurrir con un texto académico producto de una investigación, lo cual no le resta rigurosidad y, más bien, resalta el espíritu crítico de un científico social que no tiene reparos en exponer su punto de vista en un contexto académico donde abundan las aproximaciones tangenciales o los oscuros trabajos comprensibles solo para entendidos y donde la convicción se suele confundir con dogmatismo. En este sentido, el ensayo de Flores Galindo cumple con ser claro y directo.

Democracia y militarismo

Su propósito es explicar el origen del autoritarismo en el Perú. Para ello, apela a una revisión histórica de ciertos momentos claves en los que se gestó el autoritarismo. El texto inicia con un recuento de los acontecimientos de nuestra vida republicana que oscilaron entre la democracia y el autoritarismo. El balance de esta etapa muestra que la naciente República se encontró con una sociedad fragmentada en la que, a pesar de que sus individuos gozaban de una libertad nominal, esta no tenía un equivalente en la vida cotidiana. En consecuencia, el nuevo Estado peruano se instaló sobre una sociedad sin ciudadanos, en el sentido de individuos organizados y con capacidad de representación política e igualdad de derechos. La nueva República no superó la estructura de una sociedad estamental colonial, sino que la reacondicionó a los nuevos tiempos.

La disyuntiva, entonces, era elegir entre el orden y la anarquía. La aristocracia aceptaba el nuevo orden republicano si es que el Estado utilizaba la fuerza para evitar el desborde popular y, a lo sumo, implementar los cambios sociales de la manera menos traumática. De todos modos, les atraía la idea de mantener el statuo quo. La solución intermedia de una monarquía constitucional no tuvo éxito y los primeros gobernantes prosiguieron con el proyecto republicano. En este contexto, el ideal de una república democrática fue alimentado por algunos intelectuales peruanos con el objetivo de cortar vínculos con la colonia, pero no se constituyó en un proyecto sostenido en la cotidianeidad de la sociedad peruana post Independencia ni de la clase política que tuvo a su cargo el gobierno. Si bien la Independencia significó la caída de la aristocracia colonial, también sucedió que esta recuperó protagonismo posteriormente.

En las primeras décadas de la República, el vacío dejado por la clase colonial fue ocupado por el ejército quienes ofrecieron orden y defensa de la República. De esta manera, es que resultaba difícil conciliar autoritarismo y democracia porque los militares peruanos no estuvieron a la altura de la conducción política del país. Ante la primera oportunidad de poder, se convirtieron en caudillos. La inestabilidad política y social fue el signo de las primeras décadas de la República: el pueblo enfrentado al gobierno de turno y los caudillos militares entre sí.

Al respecto, considero que una de las afirmaciones más importantes de Flores Galindo en este ensayo se refiere a la participación de la sociedad en el sostenimiento de regímenes autoritarios. Debido a ello, la oposición entre democracia y autoritarismo se desdibuja si tomamos en cuenta que el autoritarismo no fue exclusividad de los militares, sino que también existieron democracias autoritarias como en el caso de Leguía y, recientemente, el de Fujimori. El autor sostiene que la culpa de la interrupción de la democracia no es solo de los militares porque la sociedad apoyo el ascenso y apuntaló, durante largos periodos, a gobernantes autoritarios tanto militares como civiles.

Ese sector mayoritario de la sociedad tuvo gran responsabilidad al apoyar los cuartelazos. Prácticamente, no hubo dictador que no gozara, al inicio de su mandato, del apoyo popular (lo cual ocurre también con los dictadores contemporáneos). Ya sea mediante las masas o las clases altas, los gobiernos autoritarios se sostuvieron gracias a ellos. A la lista de Flores Galindo conformada por Odría, Óscar R. Benavides y Velasco podemos añadir a Fujimori. “Las intervenciones del ejército han contado, siempre que han conseguido ser exitosas, con el respaldo de un sector civil” (29). En consecuencia, no debemos perder de vista que la democracia en el Perú no ha sido sinónimo de gobierno civil. Resulta sorprendente darnos cuenta de que los gobiernos autoritarios civiles (Leguía y Fujimori) duraron más tiempo en el poder que los militares (Odría, Velasco y otros).

Esto último suscita una reflexión sobre el Fujimorato. Además de juzgar la responsabilidad de la clase política que gobernó en ese periodo, no debe soslayarse el hecho que gran parte de la ciudadanía recibió con beneplácito el autogolpe y el consecuente cierre del Congreso, la defenestración del Tribunal Constitucional, la masacre de Barrios Altos y la desaparición de los estudiantes de La Cantuta, y que entre 1980 y 2000 miró de costado el terrorismo: solo tenían importancia los atentados en Lima; el resto eran noticias lejanas. Tarata, análogamente al 11 de septiembre a nivel mundial, remeció a la sociedad peruana oficial porque tuvo lugar en Lima, pero ¿no eran igualmente execrables las ejecuciones extrajudiciales en Ayacucho?

Flores Galindo apunta que los militares también marcaron la pauta para iniciar procesos democratizadores como las reformas agraria e industrial de Velasco y la Asamblea Constituyente de 1978 convocada por Morales Bermúdez. En conclusión, afirma que dictadura y democracia no son necesariamente sinónimos de militares y civiles respectivamente. Prueba de ello es que los procesos electorales no fueron democráticos en sus inicios sino que, paulatinamente, fueron extendiendo su convocatoria: en 1956, recién se permitió el voto femenino y en 1980, el de los analfabetos.

Otra característica del péndulo militarismo-democracia es la confianza del colectivo en un individuo más que en la ideología. Se vota por hombres, no por ideas. Se espera al hombre providencial, al caudillo mesiánico que salvará a la sociedad. “Apuesta ciega en un individuo y en sus designios” (33). De ahí que la personalización de los proyectos partidarios dependa, en sumo grado, de la seducción que ejerza determinado líder política sobre la sociedad. No es casual que sus nombres se conviertan en la etiqueta de la ideología: hayismo, odriísmo, velasquismo, alanismo, fujimorismo y humanismo por mencionar solo algunos ejemplos.

Los militares

Seguidamente, indaga más en el rol que los gobiernos han otorgado a los militares. Según Flores Galindo, ni la izquierda ni la derecha han discutido el rol que le asiste a las Fuerzas Armadas. Para la clase política gobernante siempre ha sido difícil cuestionarlas abiertamente: asignación de presupuesto sin dilación, disposición de un fuero judicial particular, ser considerados como garantes de la Constitución, pero a la vez no votar, búsqueda de adhesión por parte de los políticos y actualmente dificultad para procesar a los militares implicados en violación de derechos humanos. Todo esto rebate la idea de que las Fuerzas Armadas no son deliberantes porque en los hechos sí lo han sido.

Para el autor, el argumento de las Fuerzas Armadas para refrendar su rol es considerarse los defensores de la nación frente a cualquier agresión. Sin embargo ¿ello justifica que se acepten sus tropelías, o sea, esto es el costo que debe pagar la sociedad civil por ser protegida? Si este es el caso, ¿quién nos protege del protector? Durante mucho tiempo, aparte de los ejércitos enemigos un objetivo de los militares peruanos ha sido Palacio de Gobierno. A ello se agrega el incremento de los efectivos militares, la asistencia e instrucción estadounidense y las partidas presupuestales. Al respecto, Flores Galindo señala que Velasco no pudo reformar el ejército, ya que las Fuerzas Armadas se convirtieron en una élite aristocrática.

En su lucha contra Sendero Luminoso, las Fuerzas Armadas desplegaron un aparato de violencia sistematizada en lugar de buscar la comprensión de este fenómeno. Se trataba solo de eliminar al enemigo a cualquier costo. Luego de que Belaúnde convocara a las Fuerzas Armadas para combatir el terrorismo (1983), se incrementó el número de muertes, desapariciones, fosas comunes y botaderos de cadáveres. El campo y la ciudad se militarizaron. El poder político y la sociedad civil claudicaron ante el poder militar a quien se encargó la tarea de combatir el terrorismo sin un marco de restricción, lo que derivó en un gran perjuicio para la sociedad civil que perdió capacidad de control, las víctimas de la violencia y para los propios militares que combatieron en desigualdad de condiciones contra un enemigo desconocido.

La ausencia del Estado de derecho en las zonas de emergencia permitió que las Fuerzas Armadas actuaran, en ciertos momentos y en ciertos lugares, con total impunidad. Sobre el particular, la opinión pública no se conmovió en el grado esperado. Así lo demuestra el impacto de la masacre de los penales, Putis, Huancasanccos, Accomarca, Cayara, etc. En todo caso, la indignación por el atropello a los derechos humanos fue de las víctimas y familiares, ONG´s, intelectuales, algunas universidades y otros grupos, pero no fue una tendencia en la sociedad el exhibir sensibilidad por este tema que a todos nos tocó en mayor o menor grado.

Violencia y racismo

En relación con lo anterior. ¿Por qué no se respetan los derechos humanos en el Perú? Flores Galindo considero que esto ocurre por los siguientes motivos: a) la sociedad peruana no está conformada por ciudadanos, sino por individuos social, cultural y económicamente; b) la República no extendió los derechos civiles a todos los individuos; es decir que la sociedad colonial se reencauchó en la República, ya que subsistía aquella sociedad estamental; c) por la minusvaloración racial que hizo imposible incorporar a la sociedad civil real a aquellos discriminados. En consecuencia, la República creció a espaldas de las mayorías excluidas. ¿Cómo pedirles que respetaran el orden democrático si este no los respeta a ellos y además los excluye? Vemos que la exclusión y la desigualdad social enraizadas en la República fueron causales de la violencia que entre 1980-2000 asoló el país. La cita de Clemente Palma, al respecto, es muy ilustrativa: “Tiene todos los caracteres de la decrepitud y la inepcia para la vida civilizada. Sin carácter, de una vida mental casi nula, apática, sin aspiraciones, es inadaptable a la educación” (41).

De esta manera, Flores Galindo rastrea los vínculos entre racismo y autoritarismo. Hoy, ello quedó demostrado por la composición sociocultural de las víctimas durante el conflicto armado interno: ser campesino-indígena-analfabeto equivalía a ser una víctima potencial de dicha violencia. El autor explica que esta pulsión agresiva mediante data desde la Colonia donde la violencia racista era cotidiana —y que lo es hoy de manera distinta—. En la Colonia, se azotaba a un negro en público; hoy no se permite bañar en las playas de Asia a las trabajadoras del hogar; o se asume que ciertos rasgos físicos y vestimentas convierten a unos jóvenes en “Los malditos de Larcomar”; o que el Grupo 5 cultiva un género musical no intelectual y que por ello son indignos de vestir un terno Armani o Ermenegildo Zegna; o que alegremente un conductor de televisión diga que a los seguidores de Humala les cuesta discernir sobre política debido a la escasez de oxígeno en las alturas. En suma, la respuesta de Flores Galindo a la interrogante sobre los derechos humanos es que, en el Perú, desde la Colonia hasta hoy se ha institucionalizado la violencia, en particular la de tipo racial. No se respeta los derechos humanos porque nuestra sociedad ha practicado históricamente la violencia contra los excluidos. Esta cotidianeidad de la violencia ha insensibilizado a la sociedad civil, lo que condujo a un desinterés generalizado por los derechos humanos.

Ascenso de las clases populares

La violencia también provino de las masas. Esta tuvo su origen en las desigualdades sociales heredadas de la Colonia que la República no logró reducir. La organización social administrativa colonial fue reemplazada por la republicana, pero se mantuvieron intactas las jerarquías y la inmovilidad social. El Estado oligárquico tenía en la aristocracia limeña y en los terratenientes de la sierra a sus mejores aliados. Ambos tenían acceso al poder político: movilizaban a los indios organizándolos en huestes alrededor de un caudillo amparado en la aristocracia citadina que gustaba de tocar la puerta de los cuarteles cada vez que se asomaba un desborde popular. Con Velasco, señala Flores Galindo, ambos grupos perdieron protagonismo, pero no desaparecieron por completo. “El velasquismo fue (…) una revolución política: una revolución desde los aparatos del Estado sin la intervención directa de las clases populares y con el propósito más de reformar que de transformar una sociedad” (49).

En este panorama, las comunidades indígenas protagonizaron violentos levantamientos contra el orden imperante durante el siglo XX. Contra la percepción generalizada de que se trataba de movimientos caóticos, Flores Galindo sostiene que su supervivencia aun al margen del desarrollo y la modernidad es prueba de que las comunidades y sus equivalentes urbanos (clubes de migrantes, asociaciones regionales, etc.) son movimientos organizados. Paralelamente a ello, crecieron los sindicatos, clubes de madres, agrupaciones culturales y comedores populares. El autor concluye en esta parte que existe mayor posibilidad de organización en una sociedad de clases que en una estamental tipo colonial.

El clasismo

El clasismo canalizó la violencia social proveniente de las masas. En una sociedad donde la modernidad convivía con la desigualdad social, los sindicatos cobraron fuerza al cuestionar esta situación. El empresariado consideró ello como una amenaza y no dudaron en apoyar la represión para instaurar el orden. El camino que los sindicatos encontraron para enfrentar esta resistencia contra sus reivindicaciones fue la violencia: huelgas, marchas y toma de empresas.

Fenómeno similar ocurrió con los universitarios, sobre todo en universidades públicas y actualmente en los frentes regionales. Lo común entre ellos es que ingresaron o pretendieron deliberar en política, si es que no sirvieron como apoyo a determinados partidos políticos. De esta manera, los sindicatos cuestionaron las relaciones de poder existentes en las fábricas e industrias. Sus dirigentes poseían instrucción, la cual fue posible gracias a la masificación de la educación. Sin embargo, las expectativas levantadas por la educación se toparon con la escasez de oportunidades de trabajo.

En este clasismo —que también se extendió a otros sectores— se formó una generación de obreros pensantes que no solo se consideraban como fuerza de choque, sino que además estuvieron preocupados por su formación ideológica. Sin embargo, no se pudo evitar la violencia derivada del clasismo. El problema, como lo señala Flores Galindo, fue que no produjeron alternativas de solución efectivas a lo que enfrentaban. Lo que sí se logró fue articular las reivindicaciones sindicales con las demandas del interior del país. Por ello es que después las huelgas y paros nacionales adquirieron importancia como plataforma para concretar los objetivos previstos. Sobre el particular, la actual violencia de los conflictos sociales en las regiones sigue un patrón: destrucción de todo tipo de autoridad estatal.

Flores Galindo destaca que no se produjeron alternativas viables al sistema excluyente, sino que cambió el lugar desde donde se proyectaba la violencia. Lo popular también es susceptible de encarnar el autoritarismo: “Lo más terrible que le puede suceder a un proyecto alternativo es que, al realizarse, termine reproduciendo con otros personajes, las relaciones sociales que ha pretendido abolir” (60). “Las imposiciones violentas y el empleo del temor por parte de Sendero Luminoso tienen un sustento en esta sociedad y su historia. Admitirlo no equivale a justificar sus acciones, de la misma manera que señalar las raíces históricas del caudillismo no es avalarlo” (61).

La democratización de los microgrupos sociales antes mencionados (sindicatos, universitarios, migrantes, etc.) no tuvo un correlato en el Estado y la sociedad. Estuvo de espaldas al autoritarismo estatal y al despotismo de la clase política dirigente. Esto se explica por la desconexión entre sociedad y partidos políticos y por la carencia de representación política oficial de los movimientos sociales. Todo esto dificulta la comprensión del malestar social. Durante el gobierno de Toledo un amplio sector del periodismo calificó de bárbaros, ignorantes y salvajes a los manifestantes que se levantaron en el Arequipazo. El problema no fue la validez o racionalidad de la crítica contra la violencia generalizada, sino la valoración que desde la metrópoli limeña se tiene sobre lo que ocurre en las provincias. Lo mismo ocurrió durante el Moqueguazo, el Andahuaylazo, Ilave y las protestas contra la Ley de la Selva. En este último caso, se trató a los manifestantes como “indígenas” o “comuneros”, pero no como ciudadanos protestando contra una norma abusiva.

La ruptura entre el Estado y la sociedad es la expresión de la falta de un proyecto colectivo común, lo cual se evidencia, según lo señala Flores Galindo, en la falta de espacios comunes de interacción social. En su lugar, existen enclaves comerciales que a la vez son socioculturales. Tuvieron que pasar varios años para que los grandes almacenes y centros comerciales vieran a los habitantes de los conos como potenciales clientes. Aun así, la estratificación no desaparece: se ofrece un producto ad hoc a determinado consumidor, pero subsisten la zonas exclusivas en las que los burgueses contemporáneos pueden evitarse la molestia de ver la miseria. Esa invisibilización, a mi modo de ver, tiene en Asia a su máximo exponente: un anillo de pobreza que rodea el balneario más suntuoso del país. “Lima es una ciudad que ha crecido rodeada siempre por el temor. Sus dueños temieron antes que sus casas fueran arrasadas por los indios (…) por esa especie de aluvión humano que desciende de los andes”.

La profundización de la desigualdad social ha generado que nuestra sociedad recurra a la violencia y que esta forme parte de su estructura. Según José Matos Mar la legitimidad del Estado se constituirá sobre la base de un diálogo condicionado por el desborde popular, en el sentido de que el Perú oficial no podrá imponer más sus condiciones. Por ello, el Estado debe reconocer la ciudadanía real de las masas populares y no solo la legítima legal. No obstante, susbiste el dilema: ceder a la tentación autoritaria militarista-civil o pensar en la posibilidad de un proyecto socialista democrático basado en la refundación del Estado. El desafío es, entonces, cambiar la tradición autoritaria enraizada en nuestra nación. “Hay que repensar la democracia en el Perú” para que sea no solo formal, sino participativa a fin de establecer otro tipo de relaciones sociales más inclusivas, justas, equitativas y solidarias.

La lucha contrasubversiva en el VRAE




El sábado 24 de febrero, el CIREPS tuvo como invitado al capitán de navío C.A. quien expuso antes los asistentes los pormenores acerca de la actual lucha contrasubversiva en el VRAE, precisamente, en la zona de Viscatán. El objetivo de su exposición consistió en difundir los acontecimientos poco conocidos por la opinión pública respecto a la lucha contra Sendero Luminoso en dicha zona.

Para ello, inició su presentación con la explicación del Plan Excelencia, cuyo objetivo principal es tomar la base de apoyo revolucionaria de Sendero Luminoso en Viscatán. Esta zona de alrededor de 10 km cuadrados es el núcleo de Sendero en el VRAE, cuya tendencia, según refirió el capitán, es ampliarse a otras zonas aledañas. La mayor dificultad que enfrentan las Fuerzas Armadas es el difícil acceso, debido a lo accidentado de la geografía y por la denso bosque tropical que cubre esa parte de ceja de Selva. Por el contrario, estos factores favorecen el accionar de Sendero y del narcotráfico.

Durante su intervención, el expositor procuró desmitificar algunas ideas generalizadas acerca de lo que acontece allí. La primera de ellas tiene que ver con la afirmación de que Viscatán es un centro poblado y que, eventualmente, existen bajas civiles que son atribuidas a las Fuerzas Armadas. Explicó que las bajas civiles que reportan los medios de comunicación han sido identificados como integrantes del FURD (Frente Único Revolucionario Democrático) denominación con la cual ahora Sendero define a la masa. Esto es más que un simple cambio de nombre, implica un plan de integración y de acción de la población para que asuma un compromiso más estrecho con el PCP-SL., que implica abastecimiento, logística y apoyo militar. Partiendo de esta premisa, si no hay centros poblados en Viscatán, entonces los individuos que allí transitan serían, efectivamente, senderistas, muy aparte de la actividad cotidiana que realizaran.

Posteriormente, explicó cual es la actual situación de Sendero Luminoso. Aquella facción que se encuentra en el Huallaga, apuntó, no tiene las pretensiones ideológicas de antes ni planea continuar con la guerra popular a la manera de Abimael Guzmán, sino que, simplificando, se han convertido en sicarios del narcotráfico y mantienen actividades a corto plazo que aseguren su subsistencia. En este sentido, el cultivo de la coca y el tráfico de cocaína es la principal actividad comercial que les proporciona ingresos económicos. Distinta es la situación en el VRAE donde el camarada Alipio dirige a la facción fundamentalista del PCP-SL que desconoce el pensamiento Gonzalo como guía de acción. Este cisma ocurrió poco después de la captura de Guzmán y comprendía tanto a los acuerdistas (partidarios del acuerdo de paz) y a proseguir (con Feliciano y Alipio) quienes optaban por seguir con la lucha armada. Capturado Feliciano, Artemio asumió el mando militar del Huallaga y junto a Alipio conforman las dos facciones restantes de Sendero Luminoso en la actualidad.

Si bien la facción del Huallaga abandonó la ideología para convertirse en mercenarios o sicarios del narcotráfico, las fuerzas de Alipio también mantienen acercamiento con esta actividad, pero con fines prácticos, específicamente, de susbsistencia económica. Sin embargo, no descartan la posibilidad de obtener ingresos por otros medios y si el narcotráfico se los provee, significa para ellos un aliado eventual, pero al que no se someten totalmente. (Según el testimonio del capitán, Sendero controla los poblados aledaños a Viscatán debido a la ausencia del Estado en la zona. Sendero alfabetiza, administra justicia y protege a los campesinos que se dedican al cultivo de la hoja de coca. Visto así, las situación en aquellos lugares no ha cambiado durante los últimos 20 años).

El tema que mayor preocupación causó en los asistentes fue el relativo a la calificación atribuida a los campesinos como potenciales integrantes de Sendero Luminoso. Recordemos que una estrategia de Sendero fue provocar que ingresen las Fuerzas Armadas en las zonas de conflicto armado para que hubiera bajas civiles, lo cual inclinaría la balanza a favor de los subversivos. Si Sendero se ha reestructurado y colocado a la población como parte activa de su ejército popular, queda claro que la estrategia sigue siendo la misma, pero más decidida aún: provocar mayores bajas civiles mediante el convencimiento de que cualquier población es un senderista.

Resolver este dilema no es nada sencillo para las Fuerzas Armadas. Actualmente, la regulación en materia de Derechos Humanos es un instrumento que suele ser tomado como un impedimento para combatir la subversión porque expondría a los militares a juicios por la violación de estos derechos. ¿Qué hacer, cómo actuar frente a una población que es afín a Sendero? ¿Debemos asumir desde la sociedad civil y las Fuerzas Armadas que dicha población son militantes senderistas disciplinados o ciudadanos cuyos derechos han sido conculcados por un grupo terroristas? ¿Son enemigos o víctimas.

Finalmente, nos quedó claro que la opinión pública desconoce realmente lo que sucede en el VRAE y en otras zonas de conflicto armado contra el terrorismo, situación con la cual han colaborados los medios de comunicación tanto oficialistas como de oposición. Tema aparte fue el de la autocrítica de las Fuerzas Armadas por los hechos que ocurrieron durante las décadas del conflicto armados interno. Para la gran mayoría, un mea culpa implicaría el debilitamiento de esta institución. Por el contrario, creemos que no es así: deslindar posturas frente a los malos elementos, abandonar conceptos como la obediencia debida o el mal entendido espíritu de cuerpo contribuirá a que la sociedad civil vea en las Fuerzas Armadas no a una amenaza contra la democracia y los derechos civiles, sino a una institución que vela por la seguridad de la nación.

Aportes de Sobre la libertad y su vigencia contemporánea.



Por Patricia Stockton

El presente texto tiene como objetivo sintetizar los puntos centrales de la obra Sobre la libertad (1859) de John Stuart Mill. Para ello, tanto la exposición y los comentarios vertidos se basan en los capítulos más representativos de la obra así como en la conferencia del filósofo Isaiah Berlin, “John Stuart Mill y los fines de la vida”, pronunciada por el centenario de la obra.

Mill afirma, desde su introducción, que el objeto de su libro, es decir, la materia sobre la cual versará su estudio, no es la libertad de arbitrio, sino la libertad civil o social. Ello significa profundizar en “la naturaleza y límites del poder que legítimamente puede ejercer la sociedad sobre el individuo”(p.55). Desde el comienzo, se nos plantea el problema de la libertad desde su negatividad (libertad negativa) entendida como la capacidad que se posee para actuar “sin obstrucciones de otros”. Dicha concepción afirma que se deja de ser libre cuando un tercero nos impide realizar cualquier actividad con el fin de alcanzar una meta. El punto central es el problema de la intromisión de otros hombres que impidan la acción en la forma en que se desea; en consecuencia, se es libre en cuanto no existan estas interferencias y obstáculos. Mill se adhiere a esta concepción negativa de la libertad y va mucho más lejos al afirmar que resguardarla y protegerla debe ser una de las metas más importantes o la más importante de cualquier comunidad.

Sin embargo, el problema es complejo, pues es a partir que los hombres deciden vivir en comunidades sociales que se torna una imposibilidad que todos puedan realizar o llevar a cabo la totalidad de sus propósitos o actividades. La suscripción de un pacto social entre los individuos que conforman la sociedad hace vital el establecimiento de una serie de normas comunes que limiten la libertad del hombre pero sin llegar al punto de reprimirlo sin más, ya que se corre el riesgo de inhibir su desenvolvimiento, nos dirá JSM. El problema para John Stuart Mill es establecer qué aspectos deben ser regulados es decir, sujetos a una vigilancia u observancia social de aquellos que no requieren ser regulados por pertenecer al ámbito privado.

Por esta razón, no hay sociedad para Mill que se salve de la posibilidad de ejercer la represión civil o social por lo que se debe asegurar a través de la ley la protección de por lo menos tres libertades básicas: la libertad de conciencia (que incluye no solo la libertad de pensar y de sentir sino la de expresar y publicar opiniones), la libertad de adquirir gustos y elegir un plan de vida de acuerdo a ellos (con extensión limitada por el acuerdo social) y la libertad de asociación. Estas serán para Mill las condiciones mínimas para una sociedad libre. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellas creencias, opiniones o proyectos de vida que contravienen directamente con las nuestros en el sentido en que se muestras opuestos como contradictorias? ¿Qué actitud asumir frente a ellas? Mill, en un intento por construir una sociedad tolerante, nos invita a “respetar escépticamente” las creencias u opiniones de los demás. Ello porque sin la posibilidad de darles cabida caeríamos en dogmatismos y fundamentalismos que devendrían en una actitud perversa y tiránica frente al resto, asunto que, como ya vimos, es justamente lo que Mill quiere evitar. Por esta razón la tolerancia entendida como “escucha alerta” se convierte en la condición de posibilidad del debate público y social.

Por último, la defensa y salvaguarda de las libertades civiles por parte de Mill a partir del énfasis notorio que hace especialmente en el caso de la libertad de expresión, nos habla del valor inigualable que Mill adjudica a la capacidad del ser humano de elaborar y en última instancia de respetar los proyectos de vida de las personas trasfondo de nuestras creencias y prácticas. Sin embargo, Mill nos deja un humilde pero poderoso mensaje de advertencia: no vaya a ser que porque profesemos una fe o una creencia política o ideológica pensemos inmediatamente que esta es verdadera entendida como la única posible. Contrastar nuestras creencias no sólo es necesario sino que incluso se convierte en vital para poderlas defender con un mínimo de dignidad.