CÍRCULO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y SOCIALES

Arturo Caballero

A casi una semana de la masacre ocurrida en Bagua, la opinión pública recién va comprendiendo la dimensión de esta tragedia. Y es que en nuestro país tiene que morir mucha gente y de manera absurda y cruel para que nos sintamos condolidos, al menos en parte, por el sufrimiento ajeno. No basta que un puente intransitable se derrumbe al paso de un grupo de escolares, que un bus de transporte interprovincial se incendie y mueran calcinados todos los pasajeros, que semanalmente contemplemos atónitos que muchas personas mueren absurdamente en accidentes de tránsito y que las autopistas se tiñan de sangre, de todas las sangres, sino que tenemos que contemplar cuerpos mutilados, torturados y otros tantos regados en el pavimento como si se tratara de animales. El sufrimiento de los deudos no distingue lengua, etnia o clase social: así lo atestiguan el drama de las madres de los nativos muertos durante la refriega en Bagua y de los familiares de los policías asesinados. Todo ello ante la incompetencia de este gobierno cuya clase política, como en muchas otras oportunidades y tal vez peor que nunca, no está a la altura de su investidura. Sobre todo el Presidente de la República, Alan García.

Y es que todos somos víctimas en esta tragedia. Los pobladores de la Amazonía lo fueron de la incompetencia y el abuso de este gobierno respecto al manejo de los conflictos sociales. "Nativos, indígenas, chunchos, salvajes..." así los llamamos desde la metrópoli limeña, tan cultivada, aséptica y civilizada cuando se trata de valorar todo aquello que se encuentra fuera de sus límites. Tuvieron que pasar más de cincuenta días para que los reclamos de la población amazónica, directamente involucrada e ignorada por los decretos legislativos promulgados por el Congreso, recibieran la atención de los medios de comunicación, la opinión pública y el Ejecutivo. Tuvieron que morir salvajemente asesinados más de 20 policías y aún un número indeterminado de manifestantes para que el país prestara atención a lo que acontecía en aquel rincón olvidado donde habitan, según el presidente García, ciudadanos que no son de primera clase. Tanto el Congreso como el Ejecutivo dilataron irresponsablemente la solución de un conflicto anunciado. Importó más para ellos asegurar la imposición de una ley, a todas luces, incompatible con el derecho internacional que salvaguarda la propiedad de las comunidades nativas respecto a las tierras que ocupan. Fue más importante para Alan García y sus ministros derribar cualquier tipo de resistencia social ante una medida que no fue explicada satisfactoriamente a los pobladores directamente afectados, ello bajo una malentendida concepción del principio de autoridad.

Por otra parte, la policía fue víctima de la improvisación de sus mandos superiores (sobre todo políticos) quienes los expusieron al igual que en Pómac y en Vizcatán sin ningún tipo de resguardo. Y son víctimas cotidianas del desprecio de sus superiores, es decir, de los mandos políticos que recurren a ellos para que resuelvan por la fuerza aquello que son incapaces de resolver por la razón. Desprecio que se manifiesta también en la remuneración vergonzosa que recibe un policía quien tiene que ofrecerse como vigilante de establecimientos particulares para procurarse un ingreso digno o costear el gasto de un nuevo uniforme para lucir presentable durante las cumbres internacionales o en el hecho de que quienes se llenan la boca afirmando que defienden a la policía brillen por su ausencia durante los sepelios de los policías asesinados. A Mercedes Cabanillas, Mercedes Aráoz, Rosario Fernández, Antero Florez y Alan García (no menciono a Yeude Simon porque, simplemente, no existe) - al oficialismo aprofujimontesinista de derecha en general- la muerte de los policías es tan o más rentable que dialogar y prever la violencia: ¿qué hicieron para detener la masacre de los policías una vez enterados de que estaban secuestrados?

¿Y quiénes son los victimarios? La indiferencia de un enorme sector de la sociedad que mira hacia otro lado cuando la violencia no toca a su puerta, al igual que durante el terrorismo. Luego de Tarata, el terrorismo dejó de ser un problema que amenazaba a la pobre gente de la sierra o a los estudiantes de universidades públicas para convertirse en un problema que requería de una respuesta inmediata y ejemplar. Y ahí tuvimos, pues, La Cantuta. Ni el Informe Final de la CVR ni Putis ni Los Cabitos ni Huancasancos ni Accomarca ni Barrios Altos ni 20 años de violencia terrorista del Sendero Luminoso y del MRTA y del Estado han logrado sensibilizar a la mayor parte de la opinión pública sobre lo que significa ser testigo indolente del dolor ajeno. ¿Si todo ello no fue suficiente, qué lo será realmente? ¿El descubrimiento de fosas comunes en Bagua o de cadáveres calcinados o envueltos en sacos y arrojados de los helicópteros?Del mismo modo actuaron -y lo vienen haciendo aún- los medios alineados con el gobierno que de manera cómplice y vergonzante ignoraron, ocultaron y minimizaron durante más de un mes lo que sucedía en la selva. Fabrican realidades y maquillan el horror de esta desgracia o la exhiben descarnadamente no con ánimo de denuncia sino de un regodeo comercial e infame.

Sabemos más acerca de Bagua por intermedio de agencias internacionales que por nuestras propias fuentes. Expreso, La Razón y Correo seguirán exigiendo que se aplaque por la fuerza las manifestaciones en el interior del país argumentando que lo contrario, es decir negociar, dialogar o rectificar sería una muestra de debilidad. Y a nuestro presidente le fascina demostrar que él es quien manda. Quedó muy claro en la matanza de El Frontón y en la guerra sucia contra Vargas Llosa en el 90. Ivcher precavido como el que menos, olvidó muy pronto que el fujimorismo lo persiguió y lo despojó de su canal; ahora no duda en blindarse con Lúcar (el que acusó a Paniagua de recibir dinero de Montesinos), Aldo Mariátegui (quien considera que capacidad intelectual se corresponde con el manejo de una lengua), Jaime Bayly (el que indultaría a Fujimori) y Mónica Delta (la periodista que nunca opinó y que se tragó el sapo de su jefe Schütz), todos ellos sicarios mediáticos dispuestos a lavar los trapos sucios de este régimen.

Los etnooportunistas y nacionalistas también aportaron su cuota de violencia. Actuaron irresponsablemente y quieren sacar provecho ahora. Azuzaron a los pobladores y encendieron los ánimos. Lejos de explicar los alcances y las limitaciones de los decretos, se prestaron al juego fácil de la revolución. Vieron en Pizango a un potencial Evo Morales, seguramente, o tal vez Pizango se vio a sí mismo en el espejo del presidente boliviano. Fueron los tontos útiles que sirven de coartada a la triple alianza aprofujiderechista que los necesita para convencer al país de que existe algo peor que García, Keiko y Lourdes juntos.

Sin embargo, el gran victimario es Alan García. La patada al orate fue el gran anticipo de lo que tenía preparado ante cualquier obstáculo, grande o pequeño, que le saltara al frente. Después de calificar de comechados y sinvergüenzas a los maestros, en "el perro del hortelano" nos advirtió lo que pretendía hacer con los recursos naturales: por la razón o por la fuerza había que ponerlos en valor y todo aquel que apelara a la conservación del medio ambiente u objetara la llegada de la modernidad a aquellas localidades, alegando que podría dañar la integridad de las comunidades, era un retrógrado. Luego exhortó a los empresarios a que inviertan sin temor porque un presidente podía impedir que llegue al poder alguien que no es de su agrado (lo cual ya había sido demostrado). Hoy, sin ningún empacho, dice que los pobladores de la selva no son ciudadanos de primera clase que puedan decidir qué hacer con las tierras que poseen.

Durante el "Arequipazo", el APRA apoyó abiertamente la protesta contra la privatización de EGASA y EGESUR y promovió la vacancia presidencial de Alejandro Toledo. Al final, obtuvieron la cabeza de Fernando Rospligiosi. Ahora, ni siquiera contemplan la posibilidad de defenestrar a Mercedes Cabanillas (no todos en el gabinete tienen la decencia de la ex ministra de la Mujer). Como siempre, los compañeros preferirán tragarse los sapos que les manda su líder -Mantilla sabe mucho de esto- en lugar de discrepar abiertamente.

A García y el aprofujiderechismo esta masacre les va explotar en la cara el 2011. Si el Perú se suma a la órbita chavista, se lo deberemos a ellos.

UNA EXTRAÑA Y DESCONCERTANTE PROPUESTA PRESIDENCIAL

“Pero ¿Debe el Estado invadir las almas de sus ciudadanos?”
K.A. APPIAH

Gonzalo Gamio Gehri

El mensaje del presidente Alan García nos ha parecido repetitivo y monótono. Pobre en anuncios, pero abundante en palabras y en cifras (que tendrían que verificarse). Temas básicos para el fortalecimiento de la democracia en el país fueron omitidos. Hace tiempo que el discurso de García ha dejado la retórica antiimperialista y ha abrazado el vocabulario y la impronta conservadora: neoliberal en economía, antiliberal en política. Uno de los tantos signos de esta nueva prédica podemos reconocerlo claramente en su entusiasta alegato a favor de una necesaria “reforma del alma” en cada uno de los peruanos. Quisiera compartir mis opiniones personales sobre este tema.

Sorprende esta invocación existencial, a la luz del record del primer gobierno de García en el tema de la ética pública: copamiento del Estado, problemas de corrupción de funcionarios, etc. De todos modos, García ha asumido desde la campaña electoral del 2006 el discurso de un individuo redimido, por lo menos en lo ideológico. Si no fuera por sus continuas alusiones al catolicismo de tipo tradicionalista que hoy dice profesar, uno podría detectar en sus intervenciones públicas la típica retórica del Nacido Dos Veces habitual en algunos sectores políticos del protestantismo norteamericano (piénsese en el propio George W. Bush). Pero no, toda ese talante antiliberal acerca de la primacía de los deberes sobre los derechos viene desde otra orilla religiosa (podemos adivinar su fuente de inspiración, por lo menos en el gabinete).

¿Tiene esa prédica moralizante un origen religioso? Difícil precisarlo. No obstante, el Presidente sabe de sobra que el Perú es un país habitado por creyentes de diversas religiones (y por no creyentes también). Él mismo ha tenido el gesto – en anteriores oportunidades – de asistir al llamado “Te Deum Evangélico”, como una muestra de, digamos, “vocación ecuménica” (¿o quizá será una muestra más de “populismo”? No lo sabemos). El caso es que, siendo el Perú un Estado Laico y una sociedad multiconfesional, el Presidente no puede incorporar explícitamente un contenido particular religioso en un discurso político programático. Gobierna para todos los peruanos, y no sólo para quienes suscriben sus convicciones religiosas personales. Eso también lo sabemos quienes somos creyentes en el ámbito religioso, pero apreciamos el pluralismo y la democracia.

No sé hasta dónde llegue la cultura clásica, de Alan García, pero la expresión “reforma del alma” tiene una connotación estrictamente moral, proveniente de la filosofía de los griegos (puede ser que esta impronta llegue al Presidente a través del ‘neotomismo’ que suscriben algunos de sus colaboradores cercanos, pero eso tampoco podría asegurarlo). Platón, Aristóteles y los estoicos – cada uno a su manera – identifican la “conducción del alma” con el cultivo de las virtudes. Reformar el alma equivale – por lo menos en un sentido – a educar el carácter y el juicio y orientarlos al bien. Hay que decir que, si esta era la intención de García, ello traduce un deseo excelente, pero que excede la función pública de la Presidencia de la República. En primer lugar, porque la tarea de la forja de la conducción ética de la vida corresponde al agente mismo y a sus comunidades básicas, espacios de reflexión y práctica que se sitúan fuera del Estado mismo: familias, escuelas, vecindarios, parroquias, etc. En esas comunidades los individuos adquieren (o no) las habilidades y formas de discernimiento libre que pueden llevarlos a la práctica de las virtudes. En segundo lugar, porque en una sociedad compleja como la nuestra (multicultural, multiconfesional) no existe un único modo de definir la vida buena buena –expresada en un unitario y monolítico catálogo de virtudes -, y no compete al Estado definir cuál es la correcta o la mejor (me anticipo a señalar claramente que – como he argumentado en varios artículos y en un libro sobre el tema, Racionalidad y conflicto ético - nada de esto es “relativismo”; creo que la discusión racional sobre la vida buena es enormemente fructífera para las personas y las comunidades, y estoy convencido que hay concepciones de la vida buena que son mejores y más razonables que otras: lo único que quiero decir es que no le corresponde al Estado llevar y dirimir estos debates).

El Estado sólo puede exigir a sus ciudadanos que cumplan con la ley y con los principios procedimentales de la justicia, que cumplan con una “ética universal mínima” basada en el respeto de la dignidad del otro y de sus Derechos Fundamentales). Ni siquiera puede exigirle a los ciudadanos el ejercicio de las virtudes políticas, asociadas con la participación activa en los espacios públicos del sistema político y la sociedad civil – quien me conozca, sabe de mi particular entusiasmo por el ethos del ciudadano comprometido, proveniente de mi herencia intelectual aristotélica y hegeliana -. Estoy convencido que la praxis cívica haría de nuestra sociedad una comunidad política democrática e inclusiva, pero el ciudadano tiene derecho a no intervenir en la cosa pública, si así lo prefiere. Sólo el cumplimiento de esa ética universal mínima (Derechos Humanos y justicia, cuestiones de moral pública) es vinculante, y puede ser materia de exigencia absoluta de parte del Estado: su cumplimiento garantiza la convivencia social, así como la estabilidad de las instituciones. El ejercicio de las virtudes queda bajo la jurisdicción de los propios agentes y de las comunidades básicas que habitan (en las que han elegido permanecer); es un asunto extraestatal (de enorme importancia para los individuos, ciertamente).

Aquí salta la contradicción. Decimos que el Estado y sus autoridades sólo pueden exigir de sus funcionarios y de todos los ciudadanos el cumplimiento de los principios de la ética universal mínima. Sin embargo, el silencio del discurso presidencial en materia de políticas públicas en Derechos Humanos y lucha anticorrupción ha sido evidente y penoso. El tema de la justicia redistributiva ha sido tocado con una delicadeza cortesana. La innoble alianza con el fujimorismo para lograr la Presidencia del Congreso (¿A qué precio?) con visita incluida del ministro del interior al reo Fujimori (¿Para negociar qué?) muestra que el item “moral pública” parece no ser necesariamente una prioridad para este gobierno. El mensaje del 28 no dice una sóla palabra sobre la masacre de Putis o sobre las recomendaciones de la CVR. Ninguna propuesta para el control ciudadano de la gestión de los funcionarios públicos. Esos sí son temas de “reforma ética” que competen al Estado, y que el Ejecutivo y el Legislativo tendrían que considerar con especial dedicación y esmero. Toda esa alusión presidencial a la “reforma del alma” – desconectada de las problemas de Derechos Humanos, justicia social y moral pública – deviene en pura demagogia y en menas “buenas intenciones”, en el mejor de los casos, pues escapan al ámbito de su trabajo. Hay que aconsejarle al presidente que deje el tema de la virtud en manos de los ciudadanos: la vida buena es un asunto primordial para nosotros, cuya reflexión y práctica nos concierne sólo a nosotros como agentes autónomos, capaces de discernir y elegir conscientemente cómo orientar la vida. No necesitamos tener un "tutor" en Palacio de Gobierno: somos ciudadanos, no súbditos. Al Estado le compete velar por la protección de las personas y sus Derechos Básicos vinculados al bienestar, la justicia y el cultivo de la libertad. Eso es lo único en que nuestros representantes deberían pensar en tanto funcionarios públicos; el tema del sentindo de la vida es estríctamente nuestro asunto, no el suyo. Zapatero a tus zapatos.